Los nuevos apoyos para la compra de coches eléctricos en 2027 buscan facilitar el acceso a la movilidad eléctrica a las familias de menores ingresos, pero pueden volver a favorecer a quienes logren presentar una solicitud más rápidamente.
Daniela Simões, directora ejecutiva y cofundadora de miio, advierte sobre el riesgo de que los incentivos no lleguen a quienes más los necesitan y defiende un cambio en las reglas de asignación. La responsable considera positivas la inclusión de los vehículos usados y la introducción de vales directos, pero advierte que el precio de adquisición es solo una parte del problema.
En declaraciones a la ‘Automonitor’, Daniela Simões recuerda lo ocurrido en el concurso de junio, cuando los apoyos se agotaron en pocas horas. Para la responsable, este modelo puede penalizar precisamente a los candidatos con menos recursos o con mayores dificultades de acceso a la información y a las plataformas digitales.
“Cuando un concurso se agota en pocas horas, el criterio pasa a ser la rapidez de la presentación, y un apoyo dirigido a personas vulnerables debe darles tiempo y condiciones para participar”, afirma.
La directora ejecutiva de miio defiende, por ello, que el Gobierno altere el funcionamiento de los concursos en 2027, sustituyendo la atribución por orden de llegada por un periodo de candidaturas sujeto a criterios de seración.
La propuesta incluye también el ajuste de las partidas disponibles a la demanda y la creación de mecanismos de apoyo para quienes tienen dificultades en seguir los programas o presentar candidaturas digitales.
Comprar un eléctrico usado puede marcar la diferencia
Entre las medidas anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, Daniela Simões destaca la inclusión de los automóviles eléctricos usados, considerando que esta posibilidad representa un avance importante para las familias que no pueden soportar el precio de un vehículo nuevo.
“La inclusión de los usados es muy positiva y ya debería haber ocurrido. Comprar un coche nuevo continúa fuera del alcance de muchas familias. Ampliar el apoyo a los usados lo acerca a la realidad financiera de quienes se pretende ayudar y crea más posibilidades de acceso a la movilidad eléctrica”, explica.
También los vales directos merecen una evaluación favorable. A diferencia de los incentivos que exigen el pago inicial del automóvil y el posterior reembolso, este mecanismo podría reducir el esfuerzo financiero inmediato de los beneficiarios.
“El vale directo es igualmente importante. Si el apoyo se dirige a familias con pocos recursos, exigir que adelanten el dinero para luego ser reembolsadas crea una barrera que puede impedir precisamente a esas familias beneficiarse”, subraya.
Pero la accesibilidad de un automóvil eléctrico no depende solo del precio de compra. Los costos de uso pueden variar significativamente según las condiciones de carga, creando diferencias relevantes entre familias.
Según los cálculos presentados por miio, basados en los datos de UVE, una familia que recorra 12.000 kilómetros al año y dependa exclusivamente de la red pública puede gastar alrededor de 1.025 euros anuales en electricidad.
Considerando los precios medios de los combustibles utilizados en el análisis, el mismo recorrido representaría aproximadamente 1.260 euros en un coche de gasolina y 1.280 euros en un modelo diésel.
La ventaja económica del eléctrico existe, pero se vuelve mucho más expresiva cuando hay posibilidad de carga en casa. Con una tarifa bi-horaria, el gasto anual puede descender a alrededor de 250 euros, permitiendo ahorrar aproximadamente 1.000 euros frente a la gasolina.
En la práctica, la diferencia entre cargar exclusivamente en la red pública y hacerlo en casa puede alcanzar 775 euros por año.
“Precisamente son las familias con menos recursos las que tienen menos acceso a garaje o estacionamiento propio, por lo que esta diferencia debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar el impacto real del apoyo”, advierte Daniela Simões.
La responsable reconoce que existe el riesgo de una movilidad eléctrica a dos velocidades, pero destaca que los nuevos incentivos son medidas de apoyo a la adquisición y deben evaluarse en función de ese objetivo.
Las microempresas pueden ahorrar más de 2.000 euros por año
Los incentivos anunciados para 2027 contemplan también a las microempresas, que podrán beneficiarse de apoyos para adquirir vehículos eléctricos destinados a la actividad profesional.
Para Daniela Simões, esta medida responde a una dificultad concreta de las pequeñas empresas: si bien la electrificación puede reducir los costos de utilización, no todas las empresas cuentan con la liquidez suficiente para soportar la inversión inicial.
El beneficio podría resultar particularmente relevante para actividades que exigen desplazamientos frecuentes, como entregas, visitas a clientes o prestación de servicios.
Miio presenta el ejemplo de una microempresa que recorra 25.000 kilómetros al año. Con los consumos de referencia de la UVE y los precios considerados en el análisis, un vehículo diésel representaría un gasto anual de aproximadamente 2.660 euros en combustible.
Si fuera sustituido por un coche eléctrico cargado en las instalaciones de la empresa o en casa, con tarifa bi-horaria, el costo anual podría descender a alrededor de 530 euros. En un escenario mixto, con 75% de las cargas realizadas en casa y 25% en la red pública, el gasto sería de aproximadamente 930 euros.
Ya una empresa totalmente dependiente de la red pública podría gastar alrededor de 2.135 euros anuales, reduciendo considerablemente la ventaja económica.
El ahorro potencial varía, así, entre aproximadamente 525 y 2.130 euros al año, dependiendo de las condiciones de carga.
“Deja de compensar cuando varios factores se unen: dependencia total de la red pública, combustibles más baratos y poco kilometraje”, explica Daniela Simões.
La responsable añade que, si los nuevos incentivos cubren el 100% del valor elegible sin IVA, el esfuerzo financiero inicial podría reducirse sustancialmente, aunque los límites concretos de los apoyos aún no se conocen.
Existe, no obstante, otra cuestión que considera importante aclarar en los reglamentos: la forma en que las microempresas podrán gestionar y acreditar los gastos de carga, incluyendo cuando un vehículo profesional se cargue en la residencia de un trabajador.
¿Qué debe cambiar en los apoyos de 2027?
A pesar de la evaluación positiva de las medidas anunciadas, Daniela Simões considera que el éxito de los programas dependerá sobre todo de la simplicidad de los procedimientos y de la claridad de la información disponible para los posibles beneficiarios.
La responsable no anticipa que los nuevos incentivos para las microempresas impliquen, por sí solos, una adaptación específica de la red pública de carga, ya que la adhesión deberá ser gradual. Aun así, defiende el seguimiento de la evolución de la demanda, especialmente porque no todas las pequeñas empresas disponen de estacionamiento o instalaciones propias.
En cuanto a las reglas de asignación, la prioridad es evitar que los incentivos se conviertan de nuevo en una carrera contra el tiempo.
“Si pudiera cambiar una cosa en la estrategia para 2027, sería la simplicidad y la comunicación de las candidaturas: quién puede beneficiarse, cómo se presenta la solicitud, qué documentos se necesitan y cuándo se toma una decisión”, concluye la directora ejecutiva de miio.
Automonitor ya ha abordado los nuevos incentivos a la movilidad eléctrica para 2027, incluida una entrevista a Pedro Faria, presidente de la UVE, sobre las fragilidades de los apoyos del Gobierno. Lea también el artículo sobre los nuevos apoyos anunciados para 2027 y la noticia sobre el tramo adicional de 10 millones de euros que aún no tiene luz verde.