Un tribunal español anuló la condena de un conductor sorprendido a 228 km/h en una autopista con límite de 120, al considerar que transportaba a su hija de 11 años, gravemente enferma, al hospital en una situación de emergencia médica. La decisión plantea una pregunta para los conductores portugueses: si eso ocurriera aquí, ¿podría terminar igual?
Los hechos se remontan al 17 de abril de 2025. Según la prensa española, la Guardia Civil sorprendió al conductor al frente de un Mercedes GLE 450d, con un radar que registró 228 km/h. Después de aplicar el margen de error del 4%, la velocidad considerada a efectos legales fue de 218,88 km/h, casi 99 km/h por encima del límite.
En junio de 2025, el tribunal penal de Cuenca lo condenó a una multa de 1.620 euros y a la suspensión de la licencia durante un año y un día. El 15 de septiembre de 2026, la Audiencia Provincial de Cuenca, que examinó el recurso, anuló la condena.
¿Qué llevó a los jueces a cambiar la decisión?
En el coche iban también la esposa del conductor y la hija de la pareja. La niña, de 11 años, padecía desde hacía años una enfermedad grave, con metástasis en la columna, había perdido la visión y ya había sido sometida a cuatro intervenciones neuroquirúrgicas y a quimioterapia.
Durante el viaje, comenzó a quejarse de fuertes dolores de espalda, con náuseas y mucha agitación. Los padres temieron una complicación que exigiera atención inmediata, y el padre aceleró hacia el hospital de Albacete.
A la llegada, los médicos trataron el dolor sin encontrar la complicación grave que temían los padres. Para los jueces, eso no bastó para poner en duda la gravedad de la situación: los síntomas y el historial clínico justificaban el miedo, y los padres podían, razonablemente, haber evaluado esa gravedad durante el viaje.
El tribunal aceptó la defensa del estado de necesidad, prevista en el artículo 20.º, n.º 5, del Código Penal español, que permite excluir la responsabilidad de quien comete un delito para evitar un peligro mayor. Lo hizo a pesar de las objeciones de la acusación.
¿Qué multa y otras sanciones arriesgaría en Portugal?
En Portugal, el límite para un automóvil ligero de pasajeros en una autopista es de 120 km/h. Según el Código de Tránsito, exceder el límite en más de 80 km/h fuera de las poblaciones está penado con una multa entre 500 y 2.500 euros, el escalón más alto de la tabla.
La infracción se considera muy grave, lo que puede implicar aún una inhabilitación para conducir entre dos meses y dos años y la pérdida de cuatro puntos en la licencia. Incluso descontando el margen de error, el exceso del caso español, de casi 99 km/h, caería en ese escalón.
¿Existe una excepción para quien lleva a un enfermo al hospital?
No hay, en el régimen de las contraordenaciones, una norma que prevea específicamente esta situación. Según el Tribunal da Relação de Coimbra, ese régimen no regula ni el derecho de necesidad ni el estado de necesidad disculpante, por lo que se recurre al Código Penal.
El artículo 34 del Código Penal considera lícito el acto practicado como medio adecuado para apartar un peligro actual que amenace intereses protegidos del propio o de terceros, siempre que, entre otras condiciones, el interés a salvaguardar sea sensiblemente superior al sacrificado. El artículo 35, por su parte, puede excluir o disminuir la culpa. O sea, el argumento existe también en Portugal.
¿Ya ha habido casos en tribunales?
En 2016, la Relação de Coimbra analizó el caso de una médica sorprendida en exceso de velocidad cuando iba a observar a una paciente de urgencia, a más de una hora de distancia del hospital. Había sido condenada a una multa y a 75 días de inhabilitación para conducir, y la condena fue confirmada.
Los jueces concluyeron que acelerar no era una solución adecuada ni indispensable, porque sería posible pedir la observación de la paciente por otro médico o su traslado a un servicio de urgencias. El caso no es idéntico al de Cuenca, pero muestra lo que ponderan los tribunales portugueses: no basta haber una urgencia, es necesario entender si existían alternativas.
¿Cómo se defiende un conductor multado?
El proceso se tramita ante la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Después de la notificación, el conductor tiene 15 días hábiles para pagar o presentar una defensa escrita, donde puede citar testigos y adjuntar otros medios de prueba. Si la decisión es desfavorable, también puede impugnarla ante un tribunal, también dentro de un plazo de 15 días hábiles.
¿Qué debe retener?
La decisión de Cuenca es de un tribunal español y no vincula a los tribunales portugueses. En Portugal, se puede invocar el estado de necesidad, pero cada caso se evalúa en función del peligro, de las alternativas disponibles y del equilibrio entre el riesgo que se quiere evitar y el riesgo que se crea.
En una emergencia, la primera llamada debe hacerse al 112.
Y hay un número que ayuda a entender el riesgo para los demás: a 220 km/h, un coche recorre aproximadamente 61 metros por segundo, frente a 33 a 120 km/h. Con un segundo de reacción, hay casi 28 metros más antes de empezar a frenar.
